Quintana Roo, presente en pacto nacional por la justicia de género

En un movimiento dirigido a transformar el sistema judicial bajo la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada Paola Moreno, quien preside la Comisión de Justicia en el Congreso de Quintana Roo, atestiguó la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de las Mujeres. El acuerdo, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, estuvo encabezado por Citlalli Hernández y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Este convenio tiene como objetivo principal garantizar que la ley se aplique con una perspectiva de género y sin obstáculos burocráticos, buscando un frente común contra la impunidad y la violencia. De acuerdo con información de 24 Horas QR, el acuerdo responde a una realidad crítica en el país, donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia.

Durante el evento, la diputada Paola Moreno enfatizó que el desafío actual no radica en la creación de nuevas leyes, sino en asegurar que las instituciones existentes respondan de manera eficiente. "La justicia para las mujeres no puede depender de criterios aislados, debe ser una garantía institucional", afirmó Moreno, destacando la importancia de transitar de un sistema de "múltiples ventanillas" a una atención integral y expedita para las víctimas.

¿Qué implica este convenio para Quintana Roo y el país?

La participación de figuras clave del estado, como la gobernadora Mara Lezama, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), subraya la importancia de Quintana Roo en la agenda política nacional. Este acuerdo permitirá:

• Sistematizar datos: Para identificar patrones de violencia y los tiempos de respuesta de las autoridades.
• Fortalecer protocolos: Implementando criterios de derechos humanos e interculturalidad en los procesos judiciales.
• Alinear instituciones: Mejorando la coordinación directa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal.

Con esta alianza, se busca que México alcance estándares internacionales de justicia similares a los de países como España y Reino Unido, evolucionando de un modelo reactivo a uno preventivo, basado en evidencia científica y social.