Giran órdenes de aprehensión contra exgobernador Silvano Aureoles por homicidio y tortura en Michoacán

Un juez ha liberado 16 órdenes de aprehensión, entre ellas una contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra exfuncionarios de seguridad y policías estatales. Los cargos son por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura. La información, revelada por La Verdad Cancun, señala que estas acusaciones están ligadas a un operativo policial ocurrido en abril de 2017 en la comunidad indígena purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde cuatro comuneros perdieron la vida.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán, las víctimas habrían sido ejecutadas de manera extrajudicial durante un enfrentamiento con fuerzas estatales. Este suceso ha vuelto a encender el debate público sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la responsabilidad de funcionarios de alto nivel en operativos de seguridad que terminan en violaciones a los derechos humanos.

El operativo en Arantepacua bajo escrutinio

El conflicto se originó el 5 de abril de 2017, cuando la Policía Estatal intervino en Arantepacua. Las investigaciones apuntan que el operativo fue ordenado por Silvano Aureoles, entonces gobernador, y ejecutado por Juan Bernardo Corona Martínez, quien fungía como secretario de Seguridad Pública estatal. Los comuneros de la región mantenían retenidos varios vehículos de carga, en el contexto de un conflicto territorial con la comunidad de Capacuaro.

La intervención para recuperar las unidades derivó en un enfrentamiento armado entre policías y habitantes. Un agente policial y cuatro indígenas purépechas, incluyendo un menor de edad, fallecieron. Las pesquisas posteriores sugieren que los comuneros habrían sido víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, generando fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Acusaciones de homicidio, tortura y abuso de autoridad

La Fiscalía de Michoacán sostiene que la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles se debe a su presunta responsabilidad en la planeación y ejecución del operativo. Se considera que Aureoles habría instruido directamente al entonces secretario de Seguridad Pública para desplegar la intervención. Además del exmandatario y Juan Bernardo Corona, el juez giró órdenes de captura contra 14 policías estatales. Los delitos investigados son:

• Homicidio calificado
• Tortura
• Abuso de autoridad

Estos cargos, de ser comprobados, conllevan sanciones penales graves. El caso lleva varios años bajo investigación, impulsado por familiares de las víctimas y organizaciones civiles que exigen justicia.

Antecedentes de búsqueda de exfuncionarios

Cabe señalar que, según las autoridades estatales, Silvano Aureoles y Juan Bernardo Corona son buscados desde 2023 por otras órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos actos de corrupción. Este expediente anterior está vinculado a un supuesto desfalco millonario durante la administración de Aureoles (2015-2021). Las investigaciones señalan irregularidades en la construcción de cuarteles de la Policía Estatal, presuntamente edificados con sobrecostos. Varios exfuncionarios ya han sido detenidos en este caso, incluyendo Carlos Maldonado Mendoza (exsecretario de Finanzas), Antonio Bernal Bustamante (exsecretario de Seguridad Pública), Mario Delgado Murillo (exdelegado de Finanzas) y Elizabeth Villegas Pineda (exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública). Se investiga si los contratos y la construcción de dichos cuarteles causaron un daño significativo al presupuesto público.

Impacto político y judicial

La orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, una figura relevante en el PRD, podría tener repercusiones importantes en Michoacán y a nivel nacional. Su administración se caracterizó por operativos de seguridad, pero el caso de Arantepacua se tornó polémico por las denuncias de violaciones a derechos humanos.